El PRI Baja California cuestionó el modelo de endeudamiento impulsado por el gobierno estatal para proyectos hídricos, señalando que comprometer recursos a largo plazo sin resultados claros pone en riesgo las finanzas públicas y no resuelve de fondo el problema del agua.
El acceso al agua se ha convertido en uno de los principales retos para Baja California, particularmente en la zona costa, donde la demanda crece y las soluciones no han logrado consolidarse. Frente a este escenario, el gobierno estatal ha optado por una estrategia basada en endeudamiento público para financiar proyectos de infraestructura hídrica, una decisión que ha generado cuestionamientos por sus implicaciones a largo plazo.
En febrero de 2026, el Congreso del estado aprobó una nueva deuda por aproximadamente 2 mil 960 millones de pesos, destinada principalmente a proyectos como la desaladora de Rosarito. Sin embargo, al considerar los intereses proyectados a 30 años, el costo total de este financiamiento podría elevarse hasta cerca de 9 mil 800 millones de pesos, lo que representa una carga significativa para las finanzas estatales.
Este nuevo compromiso se suma a una deuda pública que ya supera los 24 mil millones de pesos, colocándose en niveles históricos. Para el PRI Baja California, este esquema refleja una estrategia que prioriza soluciones financieras inmediatas, pero que no garantiza resultados sostenibles ni una mejora real en el abasto de agua para la población.
El partido ha señalado que el problema hídrico requiere una visión integral que contemple no solo infraestructura, sino también eficiencia en la distribución, mantenimiento de redes, cuidado del recurso y transparencia en la ejecución de proyectos. Apostar únicamente por deuda sin un plan claro de resultados puede derivar en obras costosas que no resuelvan de fondo la problemática.
Además, se advirtió que este tipo de decisiones trasladan la responsabilidad financiera a futuras administraciones y, en última instancia, a la ciudadanía. Comprometer recursos por décadas limita la capacidad de inversión en otros sectores prioritarios como salud, educación o seguridad, afectando el desarrollo integral del estado.
El PRI Baja California ha insistido en la necesidad de que cualquier proyecto de esta magnitud cuente con mecanismos claros de rendición de cuentas, donde la ciudadanía pueda conocer cómo se utilizan los recursos y cuáles son los beneficios reales que se obtienen. La transparencia y la planeación son elementos clave para evitar que este tipo de inversiones se conviertan en cargas innecesarias.
Asimismo, se subrayó que garantizar el acceso al agua es una responsabilidad del Estado que debe atenderse con seriedad, eficiencia y visión de largo plazo. No se trata solo de invertir, sino de hacerlo correctamente, con proyectos viables y con impacto real en la vida de las personas.
Para el PRI Baja California, el reto no es menor: resolver el problema del agua sin hipotecar el futuro del estado. La diferencia, señalaron, está en cómo se toman las decisiones y en qué tan responsables son frente a las generaciones que vendrán.
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