Alejandro Moreno señaló que la comunicación oficial debe estar sujeta a verificación, corrección y rendición de cuentas antes de exigir mayores controles a los medios.
Alejandro Moreno cuestionó el papel que han adquirido las conferencias matutinas como espacios desde los cuales, afirmó, se realizan señalamientos contra personas, periodistas y actores públicos sin que exista siempre una posibilidad inmediata de respuesta. El presidente nacional del PRI sostuvo que la comunicación gubernamental debe servir para informar y rendir cuentas, no para establecer unilateralmente qué versiones deben considerarse verdaderas o falsas dentro del debate público.
Moreno planteó que existe una diferencia fundamental entre ofrecer información verificable y construir una narrativa desde una posición institucional privilegiada. Señaló que cuando el poder público utiliza sus propios canales para desacreditar voces críticas sin mecanismos equivalentes de contraste, corrección o réplica, se genera un desequilibrio que puede deteriorar la calidad de la conversación democrática y reducir los espacios para el cuestionamiento.
El senador consideró especialmente contradictorio que desde esos mismos espacios se promuevan cambios relacionados con el derecho de réplica y las responsabilidades de los medios de comunicación. Indicó que la prensa ya opera bajo disposiciones legales y mecanismos mediante los cuales una persona puede solicitar aclaraciones, rectificaciones o recurrir a instancias judiciales, mientras la comunicación oficial también debería asumir obligaciones claras frente a información incorrecta o acusaciones no demostradas.
Alejandro Moreno afirmó que la credibilidad institucional no puede establecerse por decreto ni depender de la capacidad del gobierno para imponer su versión de los acontecimientos. Sostuvo que la confianza se construye mediante evidencia, transparencia y apertura al escrutinio, por lo que cualquier discusión sobre regulación mediática debe comenzar por garantizar que las autoridades estén dispuestas a cumplir los mismos principios de precisión, corrección y rendición de cuentas que reclaman a los demás.
Alejandro Moreno advierte riesgos cuando el gobierno pretende convertirse en árbitro de la verdad pública
Alejandro Moreno señaló que la comunicación oficial debe estar sujeta a verificación, corrección y rendición de cuentas antes de exigir mayores controles a los medios.
Alejandro Moreno cuestionó el papel que han adquirido las conferencias matutinas como espacios desde los cuales, afirmó, se realizan señalamientos contra personas, periodistas y actores públicos sin que exista siempre una posibilidad inmediata de respuesta. El presidente nacional del PRI sostuvo que la comunicación gubernamental debe servir para informar y rendir cuentas, no para establecer unilateralmente qué versiones deben considerarse verdaderas o falsas dentro del debate público.
Moreno planteó que existe una diferencia fundamental entre ofrecer información verificable y construir una narrativa desde una posición institucional privilegiada. Señaló que cuando el poder público utiliza sus propios canales para desacreditar voces críticas sin mecanismos equivalentes de contraste, corrección o réplica, se genera un desequilibrio que puede deteriorar la calidad de la conversación democrática y reducir los espacios para el cuestionamiento.
El senador consideró especialmente contradictorio que desde esos mismos espacios se promuevan cambios relacionados con el derecho de réplica y las responsabilidades de los medios de comunicación. Indicó que la prensa ya opera bajo disposiciones legales y mecanismos mediante los cuales una persona puede solicitar aclaraciones, rectificaciones o recurrir a instancias judiciales, mientras la comunicación oficial también debería asumir obligaciones claras frente a información incorrecta o acusaciones no demostradas.
Alejandro Moreno afirmó que la credibilidad institucional no puede establecerse por decreto ni depender de la capacidad del gobierno para imponer su versión de los acontecimientos. Sostuvo que la confianza se construye mediante evidencia, transparencia y apertura al escrutinio, por lo que cualquier discusión sobre regulación mediática debe comenzar por garantizar que las autoridades estén dispuestas a cumplir los mismos principios de precisión, corrección y rendición de cuentas que reclaman a los demás.
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