La iniciativa centralista de Morena viola el Derecho Humano al Agua, impone una dictadura hídrica al anular la voz ciudadana y abre la puerta al desarraigo de miles de productores al arrebatar su patrimonio hídrico.
La iniciativa de la Ley General de Aguas, propuesta por Morena, no es una ley de justicia, sino un peligroso intento de despojo y centralización del poder que condena a los mexicanos a una dictadura hídrica. Expertos, campesinos y la sociedad civil han alertado que, bajo la promesa de una mejor gestión, se esconde una norma que viola flagrantemente el Derecho Humano al Agua, criminaliza la protesta y arrebata los derechos históricos a quienes más lo necesitan: los productores del campo. La fuerte oposición califica a la norma como un retroceso que debe ser frenado.
El golpe más devastador de esta iniciativa recae sobre el patrimonio y la estabilidad del campo mexicano. La ley prohíbe de manera tajante la transmisión de títulos de concesión entre particulares, una medida que ataca directamente la seguridad jurídica. Esto significa que el derecho al agua adquirido con esfuerzo y a través de generaciones no podrá ser vendido, cedido o heredado. Esta disposición no solo genera una indefensión jurídica masiva, sino que aniquila el arraigo al campo de las nuevas generaciones, rompiendo las cadenas productivas familiares y obligando a miles de pequeños productores a abandonar su tierra.
La ley es también un asalto a la democracia y a la transparencia, al establecer una gestión hídrica sin la participación real de la ciudadanía. El texto minimiza o elimina la voz de la sociedad civil y los especialistas en los organismos de cuenca, concentrando el poder de decisión en el gobierno central. Esta opacidad es una estrategia deliberada que facilita el acaparamiento de facto de los volúmenes de agua en favor de grandes corporaciones o intereses políticos, mientras el pueblo queda relegado a ser un mero espectador de cómo se gestiona y, peor aún, cómo se contamina su recurso vital.
Para intimidar a la disidencia, la iniciativa se convierte en una herramienta de persecución política. El nuevo régimen de sanciones tipifica multas que ascienden a millones de pesos (hasta 5.6 millones) y establece penas de prisión de hasta 10 años, creando un ambiente de miedo. Los críticos advierten que estas disposiciones podrían ser utilizadas facciosamente para criminalizar a activistas, ambientalistas y pequeños agricultores que denuncien la mala gestión o defiendan sus derechos. En lugar de resolver el sobreconcesionamiento y la contaminación, el gobierno opta por silenciar a quienes señalan el problema.
En conclusión, la Ley General de Aguas es un retroceso institucional que centraliza el control del recurso, criminaliza a la sociedad y abandona al campo. Al restringir el Derecho Humano al Agua solo a asentamientos legalmente constituidos y al no garantizar el saneamiento, la propuesta se aleja de los mandatos internacionales y constitucionales. Esta iniciativa debe ser rechazada para asegurar que el agua sea tratada como un derecho fundamental de todos los mexicanos, y no como una palanca para una dictadura hídrica.
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