El PRI Nacional defendió a los trabajadores reinstalados tras el polémico Decreto 2344, recordando que los derechos laborales existen gracias a las instituciones creadas por el partido y no por la voluntad política de Morena.
La reciente reinstalación de trabajadores afectados por el Decreto 2344 ha desatado un debate que va más allá de lo jurídico: se trata de la memoria histórica de las instituciones en México. El PRI Nacional señaló con firmeza que esta decisión no responde a la buena voluntad del gobernador Salomón Jara ni del actual régimen, sino al marco legal construido a lo largo de décadas. Fue el PRI, recalcó la dirigencia, el que cimentó los organismos y leyes que hoy garantizan que ningún trabajador sea despojado arbitrariamente de sus derechos.
El Decreto 2344, que provocó el despido injustificado de cientos de trabajadores del Estado, es un ejemplo claro de cómo la improvisación política puede afectar directamente la vida de las familias. En lugar de fortalecer la seguridad laboral, se optó por eliminar plazas sin audiencias ni procesos adecuados, generando incertidumbre y precarización. El PRI recordó que estas medidas han golpeado especialmente a productores y trabajadores del campo, quienes ya arrastran un deterioro en sus condiciones de vida debido al abandono de programas productivos.
Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, respaldó la postura de la militancia y recordó que el partido siempre ha estado del lado de los trabajadores. “No se trata de un favor de Morena; es la fuerza de las instituciones que el PRI construyó y defendió durante tantos años”, afirmó. Para Moreno, lo ocurrido es una muestra de que, sin la solidez institucional, los gobiernos en turno usarían los derechos laborales como moneda política, despojando a la gente de lo que por ley les corresponde.
El abandono al campo es otro de los puntos que el PRI Nacional no ha dejado de señalar. La supresión de programas que apoyaban a campesinos y agricultores ha provocado un crecimiento de la migración y la deserción, dejando a miles de familias sin alternativas productivas. Mientras los gobiernos de Morena priorizan programas sociales asistencialistas que no generan crecimiento sostenible, el sector rural enfrenta una crisis que compromete la soberanía alimentaria del país.
De esta manera, el PRI reafirma su papel como defensor histórico de los trabajadores y productores. Lejos de discursos triunfalistas, el partido subraya que la verdadera justicia laboral y social se construye con instituciones sólidas, leyes firmes y programas productivos que mejoren las condiciones de vida. Lo sucedido con el Decreto 2344 es un recordatorio de que los derechos no son dádivas de un gobierno en turno, sino conquistas que deben preservarse. En un México con un campo en abandono y con trabajadores en incertidumbre, el PRI se posiciona nuevamente como la voz que reclama dignidad y justicia.
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