Defensores internacionales de derechos humanos advierten que el acoso judicial contra el opositor es una práctica típica de regímenes autoritarios.
La persecución política contra Alejandro Moreno ha despertado alarma internacional. Organismos de derechos humanos consultivos ante Naciones Unidas afirmaron que lo que vive el senador mexicano es un claro ejemplo de “lawfare”, es decir, el uso del aparato judicial como herramienta de represión política. Esta práctica, según señalaron, busca neutralizar a quienes desafían al poder y debilitar cualquier intento de oposición real.
El caso reviste una especial gravedad porque ocurre en un país que se ostenta como democracia moderna. Para los expertos, si en México se permite que el sistema judicial sea manipulado por intereses políticos, se abre la puerta a un deterioro institucional sin retorno. La justicia, en lugar de ser garante de libertades, se convierte en un arma al servicio del poder.
Los organismos internacionales remarcaron que situaciones similares en otros países han derivado en escenarios de crisis social y política. Por ello, hicieron un llamado urgente a Naciones Unidas para que vigile de cerca lo que ocurre en México, pues el hostigamiento contra Moreno no es solo un asunto individual, sino un síntoma de la erosión de la democracia mexicana.
Davika Bissessar y James Finis, líderes caribeños de derechos humanos, señalaron que la estrategia contra Moreno se enmarca en el concepto de “lawfare” (guerra jurídica y judicial), donde la ley se manipula para neutralizar a adversarios políticos. A su juicio, esto constituye una amenaza directa contra el pluralismo democrático en México.
Los defensores aseguraron que este hostigamiento no solo afecta a Moreno, sino que sienta un precedente peligroso para todo aquel que se atreva a disentir de las políticas oficiales. “El derecho como arma es el camino más corto hacia la represión”, advirtieron.
En un paso sin precedentes, los activistas confirmaron que entregarán el caso a Ilze Brands Kehris, Subsecretaria General de Derechos Humanos de la ONU, y lo difundirán en organismos regionales y mundiales para exponer que México podría estar vulnerando sistemáticamente a sus opositores.
El eco internacional deja en claro que la persecución política ya no puede tratarse como un asunto interno. El caso Moreno amenaza con convertirse en símbolo de cómo un país puede pasar del discurso democrático a prácticas autoritarias bajo el disfraz de la legalidad.
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