
¿Silencio forzado? El polémico relevo de Alejandro Moreno al frente de la Comisión de Marina revela una trama de huachicol fiscal y acusaciones que sacuden los cimientos de la 4T.
El reciente «albazo» en el Senado de la República, que destituyó a Alejandro Moreno de la presidencia de la Comisión de Marina, no es un simple ajuste de cuentas entre partidos; es un golpe maestro que, según los opositores, busca silenciar a una de las voces más críticas del régimen. La justificación oficial de Morena —una supuesta pérdida de la «proporcionalidad» parlamentaria— se desvanece ante la contundencia de las acusaciones. Para el líder priista y sus aliados, la movida tiene un nombre claro: venganza política. Un acto desesperado para evitar que un opositor tuviera acceso a información clave y pudiera seguir destapando un escándalo que salpica a la cúpula del poder: el multimillonario negocio del huachicol fiscal. Este relevo es la prueba fehaciente de que el gobierno teme ser expuesto y está dispuesto a todo para controlar la narrativa.
El huachicol fiscal es el nuevo monstruo que acecha las finanzas públicas. A diferencia del robo de combustible en ductos, este sofisticado crimen se comete con pluma y papel, en escritorios y oficinas, donde se importa combustible de manera ilegal, evadiendo impuestos y declarándolo como productos químicos de menor valor. Este fraude, que ha costado al país cientos de miles de millones de pesos, ha salpicado a funcionarios de alto nivel, a la propia Secretaría de Marina y, según acusaciones del PAN y el PRI, ha servido incluso para financiar campañas políticas de Morena. Es un escándalo que desborda las fronteras y que la actual administración ha intentado minimizar, pero que ha encontrado en Alejandro Moreno a un fiscalizador implacable.
Desde su posición al frente de la Comisión de Marina, Alejandro Moreno había puesto el dedo en la llaga, exigiendo explicaciones y amenazando con citar a funcionarios de alto rango para que rindieran cuentas. Su rol no era meramente administrativo, sino de vigilancia y contrapeso. En sus manos, la Comisión se había convertido en un foco de luz que amenazaba con exponer la red de complicidad y corrupción que, presuntamente, opera al amparo de las instituciones. Su remoción se lee, en este contexto, como una clara maniobra para cerrar esa ventana de transparencia, para evitar que el escándalo escale y revele conexiones con los más altos círculos del poder. Es un intento de enterrar la verdad bajo un manto de justificaciones burocráticas, una jugada que, en lugar de calmar las aguas, ha desatado una tormenta política.
En el ajedrez del poder, la Comisión de Marina era una pieza clave en la estrategia de la oposición para fiscalizar al gobierno. Al quitarle a ‘Alito’ la presidencia, Morena no solo lo debilita a él, sino que envía un mensaje contundente a toda la oposición: «No permitiremos que nadie investigue nuestros secretos». La ironía es que el partido que llegó al poder con la bandera del combate a la corrupción es ahora acusado de encubrir uno de los mayores fraudes de la historia reciente de México. La remoción de Moreno no es el final de la historia, sino el inicio de un nuevo capítulo en la guerra política, una en la que la información se ha convertido en el arma más letal y el miedo a la verdad, en el motor del autoritarismo.