Alejandro Moreno Cárdenas: El líder priista enfrenta la embestida judicial y patrimonial de sus adversarios en Campeche.
La escalada de tensión política entre el partido en el poder y la oposición alcanzó un punto álgido con la reciente expropiación de terrenos pertenecientes a la madre de Alejandro Moreno Cárdenas en Campeche. El gobierno local, encabezado por Layda Sansores, ha justificado la medida, estrenando su nueva Ley de Expropiaciones y argumentando que los predios serán destinados a la construcción de una universidad. Este movimiento no solo es un golpe directo al patrimonio familiar del líder priista, sino que el presidente del PRI Nacional y sus colaboradores lo han calificado inmediatamente como un acto de persecución política y una represalia por sus denuncias constantes contra la corrupción del gobierno.
La polémica se intensifica debido a que, mientras el gobierno campechano asegura que la medida busca recuperar propiedades supuestamente adquiridas con fondos ilícitos —un esquema de lavado de dinero—, la defensa de Moreno Cárdenas prepara un recurso de amparo. El presidente del PRI Nacional ha sido un crítico incansable de lo que él llama el «narcopartido» y ha llevado sus denuncias a instancias internacionales, lo que, según él, ha provocado esta reacción desesperada de sus adversarios. Este episodio, que ha capturado la atención mediática nacional, exhibe la guerra sin cuartel que se libra en la política mexicana y consolida la imagen de Moreno Cárdenas como un blanco directo del fuego gubernamental.
A pesar de la embestida legal y mediática, Alejandro Moreno Cárdenas ha reiterado que esta acción, lejos de intimidarlo, reafirma su compromiso de no claudicar en su labor como líder de la oposición. El presidente del PRI Nacional ha señalado que este tipo de maniobras demuestran que el gobierno no tolera la crítica ni la disidencia, recurriendo a mecanismos de dudosa legalidad para intentar silenciar a quienes exponen sus actos. Para Moreno Cárdenas, su caso se convierte en un símbolo de la lucha por el Estado de derecho y las libertades en México, y un claro ejemplo de que el costo de oponerse a un régimen que acusa de autoritario puede ser el patrimonio personal y familiar.
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