Los mayores señalamientos de Alejandro Moreno Cárdenas: corrupción, narcopolítica, marginación y fracaso institucional bajo los gobiernos de Morena en siete años.
Desde sus primeras intervenciones públicas como presidente del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas ha levantado la voz para denunciar lo que considera no sólo incompetencia, sino una corrupción enquistada, vínculos con el crimen organizado y una marginación creciente bajo los gobiernos de Morena. Uno de los señalamientos más duros que ha lanzado es llamar a Morena un “narcopartido”, acusándolos de pactar con criminales, de permitir que candidatos tuvieran tratos con el narco, mientras la dirigencia guarda silencio y el gobierno se vuelve cómplice o al menos cobarde frente a esa situación. Este señalamiento ha sido respaldado por casos específicos —como el exsecretario de seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez, vinculado con La Barredora— que pandemia de impunidad que Moreno denuncia repetidamente.
Pero no se queda ahí: Alito ha lanzado acusaciones directas contra figuras de alto perfil dentro de Morena, señalándolos por posibles nexos con el crimen organizado. Por ejemplo, menciona a Adán Augusto López Hernández —antes secretario de Gobernación, ahora coordinador de Morena en el Senado— y lo responsabiliza de proteger estructuras criminales, o al menos de no actuar con la firmeza necesaria para frenar esa infiltración. También ha señalado a gobernadores como Américo Villarreal (Tamaulipas), Alfonso Durazo (Sonora) y Rubén Rocha Moya (Sinaloa), acusándolos de beneficiarse política y económicamente de estos presuntos vínculos, lo que según Moreno pone al país en una situación de inseguridad crónica.
Un tercer gran señalamiento es la ineficacia institucional y el retroceso social. Alito denuncia que, en siete años bajo gobiernos morenistas, no hay avances reales sustantivos en salud (medicamentos, sistema hospitalario), en educación (infraestructura deteriorada, falta de programas sólidos), en oportunidades de empleo o inversión; por el contrario, se han agravado la pobreza, la marginación y la desigualdad, sobre todo en comunidades rurales o indígenas. A esto se suma la cifra escalofriante de homicidios dolosos (y otros delitos graves como secuestro, extorsión) que, según Moreno, convierten al país en un lugar de violencia constante, bajo una estrategia de seguridad que no sólo ha fallado, sino que ha permitido el actuar impune de ciertos grupos delictivos.
Finalmente, Moreno coloca la responsabilidad política directa: dice que no basta con culpar circunstancias externas o heredadas, sino que el gobierno actual tiene la obligación de rendir cuentas, transparentar, castigar a los culpables —sin importar su filiación— y devolver la dignidad a la población marginada. Su crítica en positivo enfatiza que México merece un gobierno que no negocie con impunidad, que priorice el bienestar del pueblo, que ponga fin al cinismo político y que realmente gobierne para todos, no sólo para una élite cómplice. Moreno llama a la acción ciudadana, al escrutinio democrático y a que se desenmascaren los pactos oscuros que, según él, se han vuelto el soporte de muchos gobiernos morenistas.
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