PRI Nacional señala que se advirtió la intervención del crimen en elecciones y gobierno, y que hoy las acusaciones internacionales lo evidencian
El PRI Nacional aseguró que lo ocurrido en Sinaloa con Rubén Rocha Moya no es un hecho aislado ni repentino, sino la confirmación de advertencias que se hicieron desde hace años sobre la posible infiltración del crimen organizado en la política estatal. La reciente solicitud de licencia del gobernador, en medio de acusaciones del gobierno de Estados Unidos que lo vinculan con redes delictivas, es presentada como la materialización de esos señalamientos que, en su momento, fueron desestimados. Además, el partido sostuvo que este caso no es único, sino parte de una serie de situaciones que lo han llevado a advertir que Morena se ha convertido en un “narco partido”, al contar y proteger a diversos personajes señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado.
Alejandro Moreno recordó que desde procesos electorales anteriores en Sinaloa se advirtió sobre irregularidades graves, incluyendo presiones, amenazas y la presunta intervención de grupos criminales para influir en los resultados. Señaló que se denunció públicamente que operadores políticos fueron intimidados, que existió un ambiente de violencia y que no se garantizó plenamente la libertad del voto, lo que apuntaba a un riesgo mayor: la entrada del crimen organizado en la toma de decisiones públicas. Añadió que estas condiciones no se limitaron a un solo perfil, sino que se han señalado nombres como el senador Enrique Inzunza Cázarez, el alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil, así como otros actores como Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Saavedra, Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”, entre otros vinculados en distintos niveles.
El PRI Nacional subrayó que también se advirtió que permitir que estos hechos quedaran sin consecuencias abriría la puerta a que esas estructuras se consolidaran dentro del gobierno. Lo que ocurrió, indicaron, fue que con el paso del tiempo esa situación no solo no se corrigió, sino que derivó en un contexto de violencia persistente en Sinaloa, con enfrentamientos, inseguridad y una creciente desconfianza ciudadana, mientras desde el poder —acusaron— se protegía a quienes eran señalados.
Alejandro Moreno afirmó que hoy, con las acusaciones formales en Estados Unidos que señalan a Rocha Moya y a estos funcionarios por presuntos vínculos con el crimen organizado, se confirma el fondo de aquellas denuncias. Indicó que no se trataba de discursos políticos, sino de alertas sobre un problema estructural que terminó por escalar hasta convertirse en un caso de dimensión internacional, evidenciando que no se trataba de un solo caso, sino de una red más amplia de posibles complicidades.
El PRI Nacional señaló que también se advirtió que la protección política a estos perfiles generaría un costo institucional, y lo que ocurrió fue que la permanencia de Rocha Moya en el cargo se volvió insostenible ante la presión social, las exigencias ciudadanas y los señalamientos externos. En este punto, acusaron que Morena no solo ocultó la gravedad de la situación, sino que defendió y protegió a los señalados, retrasando cualquier acción que pudiera atender el problema de fondo.
Alejandro Moreno destacó que la salida del gobernador no resuelve el problema estructural, ya que lo que se advirtió fue la existencia de una red de complicidades que va más allá de una sola persona. Insistió en que las investigaciones deben avanzar para esclarecer responsabilidades y determinar el alcance real de los hechos, especialmente cuando hay más perfiles vinculados en distintos niveles del poder.
El PRI Nacional reiteró que también se advirtió que este tipo de situaciones afectarían la imagen de México a nivel internacional, y lo que ocurrió fue que el caso trascendió fronteras, generando cuestionamientos sobre la relación entre política y crimen en el país, así como sobre la capacidad del gobierno para enfrentar estos señalamientos sin encubrimientos.
Finalmente, Alejandro Moreno concluyó que el caso Rocha Moya confirma que ignorar las advertencias no elimina los problemas, sino que los agrava, y que lo sucedido en Sinaloa, junto con los otros perfiles señalados, refuerza la postura del PRI Nacional de que Morena no solo ha permitido estas situaciones, sino que ha protegido a quienes han sido vinculados, lo que representa un riesgo para la vida pública y la estabilidad democrática del país.
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