Alejandro Moreno afirmó que restringir la crítica, desacreditar a opositores y debilitar contrapesos son señales que deben tomarse con seriedad.
Alejandro Moreno sostuvo que la libertad de expresión no depende de la voluntad de un gobierno, sino de la existencia de instituciones que permitan cuestionar, investigar y disentir sin temor a represalias. Recordó que las democracias comienzan a erosionarse cuando se establecen límites cada vez más amplios al debate público, mientras las autoridades justifican esas restricciones como medidas necesarias para preservar el orden o proteger determinados intereses.
El senador señaló que este proceso no se limita a las decisiones adoptadas desde organismos nacionales, sino que también se observa en entidades donde autoridades han recurrido a mecanismos legales para confrontar o presionar a medios de comunicación. Mencionó los casos de Campeche, Puebla y Tamaulipas como ejemplos que, desde su perspectiva, muestran cómo distintas herramientas institucionales pueden utilizarse para reducir los márgenes de la crítica periodística.
Asimismo, cuestionó que espacios oficiales sean utilizados para desacreditar, estigmatizar o señalar a voces críticas, al considerar que esta práctica deteriora las condiciones para una discusión pública equilibrada. Alejandro Moreno explicó que cuando el poder concentra la capacidad de definir qué voces son legítimas y cuáles deben ser castigadas, se debilita la pluralidad que permite a la ciudadanía contrastar información y formar sus propias conclusiones.
A partir de ello, afirmó que el PRI mantendrá la libertad de expresión como una causa central frente a cualquier intento de censura política o institucional. Alejandro Moreno sostuvo que la experiencia internacional demuestra que los regímenes autoritarios suelen comenzar debilitando contrapesos y desacreditando a quienes los cuestionan, por lo que consideró indispensable detener esos precedentes antes de que se conviertan en una práctica normalizada.